Vista la sentencia número 58 dictada por la Audiencia Provincial de Vizcaya el día 5 de junio de 2006, en la que se condena a don Francisco Javier Santiago Mosqueira, funcionario destinado en la Dependencia de Agricultura y Pesca de la Subdelegación del Gobierno en Guipúzcoa, a las penas, entre otras, de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de tres años por el delito continuado de revelación de secretos y de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de diez años por el delito de cohecho, Visto el artículo 37.1.d) y 2 de la Ley articulada de Funcionarios Civiles del Estado de 7 de febrero de 1964, en la redacción dada por el artículo 105, apartado 1, de la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social, que establece que la condición de funcionario se pierde en virtud de pena principal o accesoria de inhabilitación absoluta y también cuando recaiga pena principal o accesoria de inhabilitación especial en el ejercicio de las funciones correspondientes al puesto de trabajo o empleo relacionado con esta condición, especificado en la sentencia, Visto, por lo expuesto, que la referida Sentencia en relación con la precitada norma, determina la pérdida de la condición de funcionario del inculpado, sin que la misma pueda ser considerada como una sanción de carácter disciplinario, sino como una consecuencia de la ejecución de la pena impuesta en la jurisdicción penal, Vista la atribución de competencias establecida por el artículo 34 de la Ley 31/1990, de 27 de diciembre,

Acuerdo dar cumplimiento a la Sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Vizcaya el día 5 de junio de 2006 y, en consecuencia, declarar la pérdida de la condición de funcionario de la Escala de Titulados de Escuelas Técnicas de Grado Medio de Organismos Autónomos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de don Francisco Javier Santiago Mosqueira, con la anotación correspondiente en el Registro de Personal y notificación al interesado.

Madrid, 21 de septiembre de 2006.-El Ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla Segura.