En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 20 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, y en la base quinta de la Orden APU/3463/2006, de 10 de octubre, por la que se convocan pruebas selectivas para el acceso a la Subescala de Secretaría-Intervención, de la Escala de Funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, he resuelto:

Estimar que concurren los motivos de renuncia y abstención presentados por algunos miembros de los Tribunales calificadores de estas pruebas selectivas y nombrar, en sustitución de los mismos, otros miembros de Tribunal: En el Tribunal n.º 3 de Andalucía: Rafael Rodríguez León, Presidente Suplente, es sustituido por Juan Alfonso Medina Castaño (Cuerpo Superior de Administradores de la Junta de Andalucía).

En el Tribunal n.º 6 de Canarias:

Juan Carlos de Tomás Martí, Presidente Suplente, es sustituido por Javier Endériz Bonnet (Cuerpo Superior de Administradores de la Comunidad Autónoma de Canarias). Ana María Echeandía Mota, Vocal Titular, es sustituida por María Dolores Ruiz San Román (Escala de Funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional). María Dolores Ruiz San Román, Vocal Suplente, es sustituida por María Natacha Alemán Rodríguez (Escala de Funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional).

En el Tribunal n.º 8 de Castilla y León:

Gerardo Arranz Sanguino, Vocal Titular, es sustituido por Carmen Martínez Abad (Cuerpo Técnico de Inspectores de Transportes Terrestres).

María Jesús Martínez Crespo, Vocal Suplente, es sustituida por Francisco Javier Pérez Blazquez (Cuerpo Superior de Técnicos de Tráfico). Virginia Losa Muñiz, Vocal Suplente, es sustituida por María Teresa Negueruela Sánchez (Escala de Funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional).

En el Tribunal n.º 9 de Cataluña:

Ángeles de Palma del Teso, Vocal Suplente, es sustituida por Marta Franch Saguer (Profesora Titular de Universidad).

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse potestativamente recurso de reposición, en el plazo de un mes, a contar a partir del día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial del Estado, ante el mismo órgano que la ha dictado, o interponerse directamente recurso contencioso administrativo, en el plazo de dos meses a contar a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, ante el órgano competente del orden jurisdiccional contencioso-administrativo, de acuerdo con lo previsto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por Ley 4/1999, de 13 de enero, y en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso administrativa.

Madrid, 14 de marzo de 2007.-El Director del Instituto Nacional de Administración Pública, Francisco Ramos Fernández-Torrecilla.