Examinada la situación administrativa de don Ricardo Eduardo de Sádaba Alonso, con DNI 34.576.144, funcionario del Cuerpo Técnico de Hacienda, con destino en la Delegación Especial de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria de Galicia.

Antecedentes

1.º En el Juzgado de Instrucción n.º 2 de Monforte de Lemos se ha seguido el procedimiento Ley del Jurado 1/99-M, procedente de las diligencias previas 650/97-M, en el que figuraba imputado el Sr. Sádaba Alonso como consecuencia de las irregularidades detectadas en las liquidaciones mensuales por venta de impresos del Colegio de Huérfanos en la Administración de Monforte de Lemos, de la que era administrador don Ricardo Eduardo de Sádaba Alonso, por un posible delito de falsedad y malversación de caudales públicos. 2.º A la vista de lo anterior, por acuerdo del Delegado de la Agencia Tributaria de Lugo de 22 de septiembre de 1997 se acordó incoar expediente disciplinario al Sr. Sádaba. La tramitación de expediente fue suspendida el 21 de octubre siguiente al estar siendo los mismos hechos objeto del procedimiento judicial antes citado. 3.º El Sr. Sádaba se encuentra en la actualidad desempeñando un puesto de trabajo en la Delegación de la Agencia Tributaria de Vigo en el que fue nombrado por adscripción provisional. 4.º Con fecha 2 de febrero de 2005 la Audiencia Provincial de Lugo, Sección Primera, ha dictado sentencia en la que condena al Sr. Sádaba por un delito de malversación de caudales públicos previsto y penado en el artículo 432.1 del Código Penal de 1995 y por un delito de falsificación de documento mercantil previsto y penado en el artículo 390.2, 3 y 4 del Código Penal de 1995. Por el primero de los delitos mencionados se le ha impuesto la pena de un año y seis meses de prisión e inhabilitación absoluta por tiempo de tres años, y por el segundo la pena de un año y seis meses de prisión y multa de tres meses con una cuota diaria de 6 euros e inhabilitación especial por tiempo de un año, además de la responsabilidad civil que procede al Colegio de Huérfanos de Hacienda. 5.º Con fecha de 25 de abril de 2005 la Audiencia Provincial de Lugo ha comunicado a la Delegación de la Agencia Tributaria de Lugo que la sentencia es firme e interesando se facilite la fecha en que el condenado cesa en sus funciones a los efectos del cumplimiento de la pena de inhabilitación.

Primero.-Ha quedado acreditado que don Ricardo Eduardo de Sádaba Alonso ha sido condenado por sentencia firme a, entre otras, la pena de inhabilitación absoluta. Segundo.-El artículo 37 del Texto Articulado por el que se aprueba la ley de Funcionarios Civiles del Estado de 7 de febrero de 1964 (Decreto 315/64) dispone que se pierde la condición de funcionarios en virtud de «d) Pena principal o accesoria de inhabilitación absoluta», en redacción dada por Ley 13/96, de 30 de diciembre. Tercero.-El Reglamento de Régimen Disciplinario de los Funcionarios de la Administración del Estado, aprobado por Real Decreto 33/1986, de 10 de enero, dispone en su artículo 19.2 que «si durante la sustanciación del procedimiento sancionador se produjere la pérdida de la condición de funcionario del inculpado, se dictará resolución en la que, con invocación de la causa, se declarará extinguido el procedimiento». En virtud de lo anterior, y de acuerdo con las competencias que le están atribuidas, esta Dirección General resuelve dar cumplimiento a la sentencia de 2 de febrero de 2005 de la Audiencia Provincial de Lugo y en su consecuencia dispone:

Primero. Declarar la pérdida de la condición de funcionario de don Ricardo Eduardo de Sádaba Alonso, con DNI 34.576.144, al haber sido condenado a la pena de inhabilitación absoluta, con efectos del día siguiente al de notificación del presente acuerdo.

Segundo. Levantar la suspensión del expediente disciplinario incoado por acuerdo de 22 de septiembre de 1997 del Delegado de la AEAT de Lugo a don Ricardo Eduardo de Sádaba Alonso y acordar el archivo del expediente, al haber perdido el inculpado la condición de funcionario de acuerdo con lo indicado en el apartado anterior.

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de reposición ante esta Dirección General en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de su notificación o recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid o de Galicia, a elección del interesado, en el plazo de dos meses a partir del día siguiente al de su notificación, no pudiendo interponerse simultáneamente ambos recursos.

Madrid, 10 de mayo de 2005.-El Director General, Luis Pedroche y Rojo.