En cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto 248/2009, de 27 de febrero (BOE de 3 de marzo) y Real Decreto 406/2010, de 31 de marzo (BOE de 1 de abril), por los que se aprueban las ofertas de empleo público para los años 2009 y 2010, respectivamente, y con el fin de atender las necesidades de personal al servicio de la Administración de Justicia,

Este Ministerio, en uso de las competencias que le están atribuidas en la Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y el Real Decreto 1451/2005, de 7 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Ingreso, Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional del Personal Funcionario al servicio de la Administración de Justicia, de conformidad con la Orden JUS/1294/2010, de 5 de mayo (BOE de 19 de mayo), por la que se establecen las Bases Comunes que regirán los procesos selectivos para ingreso en los Cuerpos de funcionarios de la Administración de Justicia, incluidos en el libro VI de la Ley Orgánica 6/1985, del Poder Judicial, y previo informe favorable de la Dirección General de la Función Pública, acuerda convocar proceso selectivo para ingreso en el Cuerpo Nacional de Médicos Forenses.

La presente convocatoria tiene en cuenta el principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres por lo que se refiere al acceso al empleo, de acuerdo con el artículo 14 de la Constitución Española, la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, y el Acuerdo de Consejo de Ministros de 4 de marzo de 2005, por el que se aprueba el Plan para la Igualdad de género en la Administración General del Estado, y se desarrollará de acuerdo con las siguientes

Bases comunes

Las bases comunes por las que se regirá la presente convocatoria son las establecidas en la Orden JUS/1294/2010, de 5 de mayo (BOE de 19 de mayo).

Bases específicas

1. Descripción de las plazas

1.1 Se convoca proceso selectivo de acceso libre para cubrir 55 plazas comprendidas en anexo III, «Justicia», del Real Decreto 406/2010, de 31 de marzo (BOE de 1 de abril), y 34 plazas comprendidas en el anexo I «Personal de la Administración de Justicia» del Real Decreto 248/2009, de 27 de febrero (BOE de 3 de marzo), todas ellas en el Cuerpo Nacional de Médicos Forenses, a través del sistema ordinario de oposición, con la siguiente distribución territorial:

1.2 Del total de las plazas convocadas se reservarán 3 plazas, con la distribución territorial reflejada en el punto 1.1, para ser cubiertas por quienes tengan la condición legal de personas con discapacidad de grado igual o superior al 33 por ciento, siempre que acrediten el indicado grado de discapacidad y la compatibilidad funcional con el desempeño de las tareas propias que corresponden al Cuerpo de Médico Forense y superen las pruebas selectivas. Se considerarán afectados por una minusvalía en grado igual o superior al 33 % de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1 del Real Decreto 1414/2006, de 1 de diciembre, a los efectos de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, los pensionistas de la Seguridad Social que tengan reconocida una pensión de incapacidad permanente en el grado de total, absoluta o gran invalidez, y a los pensionistas de Clases Pasivas que tengan reconocida una pensión de jubilación o de retiro por incapacidad permanente para el servicio o inutilidad.

Las plazas reservadas para personas con discapacidad que queden desiertas no se podrán acumular a las de acceso general.

Los aspirantes que opten por el cupo de reserva para personas con discapacidad no podrán participar por el resto de plazas del sistema general.

1.3 Los aspirantes sólo podrán participar por un ámbito territorial, y, en caso de resultar aprobados, obtendrán necesariamente destino dentro del ámbito territorial por el que concurren. Las plazas que queden desiertas en un ámbito territorial no se podrán acumular a otro distinto.

1.4 Las presentes bases de convocatoria se publicarán de forma simultánea en el «Boletín Oficial del Estado» y en los boletines oficiales de las Comunidades Autónomas donde se convocan plazas. En el supuesto de que dicha simultaneidad no fuera posible, los términos y plazos establecidos en la presente Orden se contarán a partir de la publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

2. Proceso selectivo

2.1 El proceso selectivo se realizará mediante el sistema de oposición, con los ejercicios, valoraciones y puntuaciones que se especifican en el anexo I-A.

2.2 El proceso selectivo incluirá la superación de un curso selectivo teórico-práctico en el Centro de Estudios Jurídicos o los centros, institutos o servicios de formación, o centros de destino de las Comunidades Autónomas por las que concurran los aspirantes. Para la realización de éste, los aspirantes que hayan superado la oposición y cuyo número no podrá ser superior al de plazas convocadas, serán nombrados funcionarios en prácticas por la autoridad competente del Ministerio de Justicia.

2.3 La calificación final del proceso selectivo vendrá determinada por la suma de las puntuaciones finales obtenidas en cada una de las fases de oposición y curso selectivo.

2.4 En caso de empate, el orden de puntuación se establecerá como sigue: primará la fase de oposición; en segundo lugar el curso selectivo. De persistir el empate, primará la nota del segundo ejercicio de la fase de la oposición. Por último, si aún persistiera el empate primará la 1.ª letra del primer apellido empezando por la «J».

3. Programa

El programa que ha de regir la fase de oposición se contiene en la Orden JUS/1295/2010, de 5 de mayo (BOE de 19 de mayo).

4. Titulación y otros requisitos de participación

Para participar en este proceso selectivo es necesario cumplir todos los requisitos señalados en la base séptima de las «Bases Comunes» y estar en posesión, o en condiciones de obtener en la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes, el título de Licenciado en Medicina. En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero se deberá estar en posesión de la credencial que acredite su homologación. Este requisito no será de aplicación a los aspirantes que hubieran obtenido el reconocimiento de su cualificación profesional, en el ámbito de las profesiones reguladas, al amparo de las Disposiciones de Derecho Comunitario (Directiva 89/48/CC/EE).

5. Solicitudes

5.1 Quienes deseen participar en este proceso selectivo deberán cumplimentar el modelo oficial de solicitud de admisión a pruebas selectivas de la Administración de Justicia y liquidación de la tasa de derechos de examen (modelo 790) (ejemplar autocopiativo en cuya parte superior figura «Ministerio de Justicia, solicitud de admisión a pruebas selectivas de la Administración de Justicia y liquidación de la tasa de derechos de examen»), que se facilitará en castellano y en las demás lenguas oficiales de las Comunidades Autónomas. Este modelo será facilitado gratuitamente en el Ministerio de Justicia, los Tribunales Superiores de Justicia, Audiencias Provinciales, Gerencias Territoriales del Ministerio de Justicia, Órganos competentes de las Comunidades Autónomas donde se convoquen plazas, en el Centro de Información Administrativa del Ministerio de la Presidencia, y en las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno. El modelo de instancia también podrá descargarse desde la página Web (www.Mjusticia.es).

5.2 La presentación de solicitudes se realizará en el plazo de veinte días naturales contados a partir del día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». La solicitud se dirigirá al Secretario de Estado de Justicia. La no presentación de ésta en tiempo y forma supondrá la exclusión del aspirante.

5.3 La presentación, previo pago de la correspondiente tasa, se realizará alternativamente en:

a) El Registro General del Ministerio de Justicia, plaza Jacinto Benavente, n.º 3, 28071 Madrid.

b) En los registros de las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno de la Administración General del Estado, o en cualquiera de los órganos u oficinas previstos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

c) A través del Registro Telemático en la Dirección de Internet www.Mjusticia.es y de acuerdo con las instrucciones que en ella se indican.

La presentación de instancias por este último sistema conlleva necesariamente el pago telemático de la Tasa de examen.

Los aspirantes que, de acuerdo con lo dispuesto en la base novena.6 de la Orden JUS/1294/2010, de 5 de mayo (BOE de 19 de mayo), de Bases Comunes, estén exentos de este pago o tengan derecho a la reducción de tasas no podrán hacer uso de este sistema y deberán necesariamente presentar la instancia-papel, acompañando la documentación acreditativa del derecho a la exención o reducción en alguno de los registros indicados en los apartados a) o b) de esta misma base.

5.4 Pago de la tasa de derechos de examen.–El importe de la tasa por derechos de examen será de 28,44 € y se abonará según se indica en la base novena de las bases comunes.

Estarán exentos del pago de esta tasa los aspirantes que reúnan los requisitos que se indican en la base novena, punto 6 de las bases comunes, que deberán acreditar su derecho a esta exención aportando la documentación que se indica en el punto 4 de dicha base.

5.5 La solicitud se cumplimentará de acuerdo con las instrucciones que figuran al dorso de la misma y que se reproducen en el anexo III y además, con las instrucciones particulares siguientes:

1. En el recuadro relativo a «Provincia de examen», los aspirantes, harán constar el ámbito territorial por el que concurren lo que conllevará los efectos previstos en la base 1.3 de esta Orden. En cualquier caso, de no especificarse en la solicitud el ámbito territorial por el que se concurre, será incluido de oficio en las listas definitivas por el correspondiente a su domicilio, quedando por tanto, afectado al ámbito territorial del mismo.

2. Para el caso de aspirantes con discapacidad:

a) Los aspirantes discapacitados referidos en la base 1.2 de esta convocatoria, que opten por el cupo de reserva de discapacitados deberán indicarlo así en el respectivo recuadro de la solicitud y dentro del epígrafe «datos a consignar según las bases de la convocatoria» en el recuadro A, deberán expresar las adaptaciones necesarias de tiempo y medios para la realización de los ejercicios, que puedan, en su caso, requerir con el fin de que el Tribunal cuente con la necesaria información para la adaptación de la realización de los ejercicios.

b) Los aspirantes con discapacidad que no opten por el cupo de reserva de discapacitados, pero que también precisen adaptación de tiempo y medios para la realización de los ejercicios, deberán indicarlo así marcando con una X en el recuadro «solicita adaptación» y dentro del epígrafe «datos a consignar según las bases de la convocatoria» en el recuadro B) expresarán las adaptaciones necesarias de tiempo y medios que puedan en su caso requerir para la realización de los ejercicios.

3. Los aspirantes que concurran por el ámbito territorial correspondiente a Comunidades Autónomas con lengua oficial propia, podrán acreditar su conocimiento de ésta por medio de dos sistemas:

a) La realización de una prueba optativa, en cuyo caso deberán marcar una «X» en el recuadro «Realiza» del epígrafe «Prueba optativa de lengua».

b) La acreditación documental de dicho conocimiento, para lo cual deberán marcar una «X» en el recuadro «Documenta», y remitir en el momento oportuno las certificaciones acreditativas del conocimiento de dicho idioma en los términos previstos en esta Orden.

Para aquellos opositores que no tengan acreditada la puntuación máxima a otorgar por este concepto cabe la posibilidad de acogerse a ambos sistemas, aportando la certificación correspondiente al nivel que tengan acreditado y presentándose al examen optativo del nivel inmediatamente superior. En este caso deberán marcar con una X ambos recuadros; «Documenta» y «Realiza».

6. Tribunales

6. Tribunales

6.1 El Tribunal Calificador de este proceso selectivo será nombrado por la autoridad competente del Ministerio de Justicia y su nombramiento será publicado en el «Boletín Oficial del Estado», y en los diarios oficiales de las Comunidades Autónomas que convocan plazas conforme a lo establecido en las «Bases Comunes» (base undécima punto 1 y siguientes).

6.2 El Tribunal calificador de estas pruebas selectivas estará compuesto por un funcionario del Cuerpo de Médicos Forenses, con un mínimo de 5 años de antigüedad, que lo presidirá y los siguientes vocales: un Catedrático o Profesor Titular de Medicina Legal; un miembro de la carrera judicial (con categoría de Magistrado) o un Fiscal; dos funcionarios del Cuerpo de Médicos Forenses; un Facultativo del Instituto Nacional de Toxicología; un funcionario del Grupo A de las Comunidades Autónomas con competencia en materia de personal de la Administración de Justicia donde se convocan plazas y un funcionario del grupo A de la Administración General del Estado destinado en el Ministerio de Justicia que actuará de Secretario.

El Tribunal tendrá la categoría primera de las previstas en el anexo IV del Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio.

6.3 El Tribunal, de acuerdo con el artículo 14 de la Constitución Española, velará por el estricto cumplimiento del principio de igualdad de oportunidades entre ambos sexos.

6.4 La información sobre estas pruebas selectivas se facilitará en las Gerencias Territoriales de Justicia, en el Ministerio de Justicia, Secretaría de Estado de Justicia, calle San Bernardo, 21 (teléfono 902 007 214), página web del Ministerio de Justicia (www.Mjusticia.es, Ofertas de Empleo Público), en el Centro de Información Administrativa del Ministerio de Presidencia (teléfono 060) y en los órganos competentes de las Comunidades Autónomas donde se convocan plazas.

6.5 A efectos de comunicaciones y demás incidencias, el Tribunal calificador tendrá su sede en c/ San Bernardo, 21, 28015 de Madrid. (Teléfono: 902007214.)

7. Desarrollo del proceso selectivo

7.1 Orden de actuación.–El orden de actuación de los opositores, en todos los ámbitos territoriales, se iniciará alfabéticamente por el primero de la letra «J», según lo establecido en la Resolución de la Secretaría de Estado para la Función Pública de 26 de enero de 2010 («Boletín Oficial del Estado» de 5 de febrero).

7.2 Duración del proceso selectivo.–Salvo que concurra causa objetiva que lo justifique, apreciada por la Secretaría de Estado de Justicia, oído el Tribunal en su caso, el proceso selectivo tendrá una duración máxima de doce meses contados a partir de la fecha de realización del primer ejercicio hasta la fecha de comienzo del periodo de prácticas selectivo.

7.3 Fase de oposición.–Los ejercicios son los que se detallan en el anexo I-A y se efectuarán en Madrid. La fecha, hora y lugar de celebración del primer ejercicio se publicará en el «Boletín Oficial del Estado» y diarios oficiales de las Comunidades Autónomas que convoquen plazas.

El primer ejercicio de la fase de oposición se realizará dentro de los 30 días siguientes a la publicación de la Resolución por la que se eleva a definitiva la relación de admitidos y excluidos.

Concluido cada uno de los ejercicios de la oposición, los Tribunales harán públicas en la página Web del Ministerio de Justicia (www.Mjusticia.es) y páginas Web de las Comunidades Autónomas, las listas de opositores de cada ámbito territorial que hayan alcanzado el mínimo establecido para superarlo, con indicación de la puntuación obtenida y emplazarán a los incluidos en las mismas para la realización del siguiente ejercicio.

Los opositores que no se hallen incluidos en las respectivas relaciones tendrán la consideración de no aptos, quedando eliminados del proceso selectivo.

Finalizados todos los ejercicios de la oposición, el Tribunal Calificador Único hará públicas en la página Web del Ministerio las relaciones de aprobados de cada ámbito territorial que han superado la oposición, cuyo número no podrá exceder en ningún caso al de plazas convocadas. Los opositores que concurren por alguna Comunidad Autónoma con lengua oficial propia y que hubieran solicitado en su instancia acreditar documentalmente su conocimiento de la misma, deberán aportar en el plazo de diez días hábiles la documentación acreditativa en la sede del Tribunal Calificador que se indica en el la base 6.5 de la presente Orden. Los opositores que concurran por el ámbito del País Vasco aportarán en este mismo plazo y en su caso, la documentación acreditativa de sus conocimientos del derecho civil foral.

7.4 Embarazo de riesgo y parto.–Si alguna de las aspirantes no pudiera completar el proceso selectivo a causa de embarazo de riesgo o parto, debidamente acreditado, su situación quedará condicionada a la finalización del mismo y a la superación de las fases que hayan quedado aplazadas, no pudiendo demorarse éstas de manera que se menoscabe el derecho del resto de los aspirantes a una resolución del proceso ajustada a tiempos razonables, lo que deberá ser valorado por el Tribunal Calificador Único. En todo caso la realización de la mismas tendrá lugar antes de la publicación de la lista de aspirantes que han superado el proceso selectivo.

7.5 Valoración del conocimiento de las lenguas oficiales propias de las Comunidades Autónomas y del Derecho Civil Especial o Foral de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Concluida la fase de oposición, los aspirantes comprendidos en la relación de aprobados que concurran por ámbito territorial con lengua autonómica propia, distinta del castellano, serán emplazados para la realización del ejercicio de carácter optativo, no eliminatorio, que acredite el conocimiento de dicha lengua, si así lo hubieran solicitado en su instancia. En ese mismo momento, el Tribunal Calificador procederá a la valoración de la documentación acreditativa del conocimiento del idioma que se hubiere presentado oportunamente por los opositores que hayan optado por acreditar documentalmente el conocimiento del mismo.

Para aquellos opositores que, de acuerdo con lo dispuesto en la base 5.3, hayan optado por ambos sistemas, la puntuación otorgada será la más alta que en su caso corresponda, sin que en ningún caso pueda ser acumulativa.

La puntuación obtenida, tanto del examen como de la documentación acreditativa, se ajustará según el baremo contenido en esta convocatoria, anexo I-B y solo surtirá efectos para la adjudicación de destinos en la Comunidad Autónoma correspondiente.

Del mismo modo y con los mismos efectos, se procederá para la valoración de los conocimientos del derecho civil foral o especial de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

7.6 Presentación de documentación y nombramiento de funcionarios en prácticas.

7.6.1 Una vez terminada las fase de oposición, los Tribunales elevarán a la autoridad competente del Ministerio de Justicia la relación de aprobados, en cada ámbito territorial, cuyo número no podrá superar el de plazas convocadas, que se publicará en el «Boletín Oficial del Estado» y en los diarios oficiales de las Comunidades Autónomas donde se convoquen plazas, con indicación del número de orden, DNI, puntuación obtenida en cada uno de los ejercicios, y total de todos los ejercicios obligatorios. Junto con esta nota total pero separada de ella y sin sumarse a la misma figurará, en su caso, la obtenida en la lengua oficial, distinta al castellano de la Comunidad Autónoma por cuyo ámbito territorial concurre, y en su caso la obtenida por el conocimiento del derecho civil, foral o especial de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

En el supuesto de que alguno de los aspirantes con discapacidad que se haya presentado por este cupo de reserva superase los ejercicios correspondientes, pero no obtuviera plaza, y su puntuación fuera superior a la obtenida por los aspirantes del turno general, será incluido por su orden de puntuación en éste último.

En el plazo de veinte días naturales contados a partir de la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» y diarios oficiales de las Comunidades Autónomas donde se convocan plazas de la relación de aprobados, los aspirantes que figuren en la misma presentarán en el Registro General del Ministerio de Justicia, Secretaría de Estado de Justicia, plaza Jacinto Benavente, n.º 3, 28071 Madrid, o por los medios previstos en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999 de 13 de enero, la documentación siguiente:

a) Dos fotocopias del documento nacional de identidad, o equivalente, en el supuesto de que el interesado no preste expresamente su consentimiento presentando el anexo IV, para que sus datos de identidad personal puedan ser consultados y verificados, de oficio, por el órgano instructor de este proceso selectivo.

b) Fotocopia compulsada del título exigido en la convocatoria o certificación académica acreditativa de tener aprobadas todas las asignaturas que le capacitan para la obtención del título acompañando el resguardo justificativo de haber abonado los derechos para la expedición del título.

En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero deberá presentarse fotocopia compulsada de la documentación que acredite su homologación.

c) Certificado médico acreditativo de no padecer enfermedad ni defecto físico o psíquico que imposibilite para el ejercicio de las funciones propias del Cuerpo Nacional de Médicos Forenses, expedido por el Facultativo de Medicina General de la Seguridad Social que le corresponda al interesado.

Los aspirantes que tengan la condición legal de discapacitados con grado igual o superior al 33 por 100 deberán presentar certificación de los Órganos competentes del Ministerio de Educación, Política Social y Deporte o, en su caso, de la Comunidad Autónoma correspondiente, que acredite tal condición y su capacidad funcional para desempeñar las tareas y funciones propias del Cuerpo Nacional de Médicos Forenses.

d) Declaración jurada de no hallarse comprendido en causa de incompatibilidad ni estar inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas, en vía disciplinaria o judicial, ni haber sido separado, mediante procedimiento disciplinario de ninguno de los Cuerpos al servicio de cualquiera de las Administraciones públicas, salvo que hubiera sido rehabilitado. (anexo II).

El certificado de antecedentes penales será aportado de oficio por la Secretaría de Estado de Justicia, de acuerdo con lo previsto en el artículo 35.f) de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Ante la imposibilidad, debidamente justificada, de presentar los documentos expresados en el apartado anterior, se podrá acreditar poseer las condiciones exigidas en la convocatoria mediante cualquier medio de prueba admisible en derecho.

Los aspirantes que tuvieran la condición de funcionarios públicos estarán exentos de justificar aquellas condiciones y requisitos ya demostrados para obtener su anterior nombramiento, debiendo presentar certificación del Ministerio u Organismo del que dependa, por la que se acredite su condición y requisitos para ser nombrado funcionario del Cuerpo Nacional de Médicos Forenses.

Quienes, dentro del plazo fijado, y salvo causa de fuerza mayor, no presentaren la documentación o del examen de la misma se dedujera que carecen de alguno de los requisitos establecidos, no podrán ser nombrados funcionarios en prácticas y quedarán anuladas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que hubieren podido incurrir por falsedad en la solicitud inicial.

En este caso, o en el supuesto de renuncia de alguno de los aspirantes, y siempre que el Tribunal hubiera propuesto tantos aspirantes como plazas convocadas, el Ministerio de Justicia requerirá a este último relación complementaria de aspirantes que sigan a los propuestos hasta completar el total de plazas convocadas.

En este supuesto, los aspirantes incluidos en esta relación complementaria deberán presentar la documentación acreditativa que se detalla en esta misma base en el plazo de cinco días hábiles desde su publicación en la página Web del Ministerio de Justicia.

Los opositores afectados que concurran por algunos de los ámbitos territoriales que tengan establecida la valoración de lengua oficial propia y/o derecho Foral serán convocados, en su caso, a la realización de la correspondiente prueba optativa o le será incorporada la puntuación que corresponda a la acreditación documental que en su momento hubieran aportado.

7.6.2 Comprobado que los aspirantes reúnen los requisitos de la base cuarta de la presente convocatoria y de la séptima de las «Bases Comunes», la autoridad competente del Ministerio de Justicia dictará Resolución, que será publicada en la página Web del Ministerio de Justicia, nombrando funcionarios en prácticas a los aspirantes que han superado las pruebas selectivas, convocándoles a la realización del curso selectivo.

7.7 Curso y Periodo de Prácticas Selectivo.

7.7.1 Los funcionarios en prácticas serán destinados, en cada ámbito territorial por el que concurran, al Centro, Instituto, o Centro de destino que se determine por el Ministerio de Justicia y las Comunidades Autónomas que convocan plazas, para el desarrollo de un periodo de prácticas selectivo.

El curso selectivo tendrá una duración de 8 meses, y constará de dos fases; una primera de contenido teórico-práctico en el Centro de Estudios Jurídicos u Órgano, Centro, Instituto o Centro de destino de la Comunidad Autónoma correspondiente y una segunda, de prácticas tuteladas, en Institutos de Medicina Legal del ámbito territorial por el que concurra el aspirante.

La primera fase del curso, de carácter docente, se calificará conforme a lo dispuesto en el Reglamento del Centro de Estudios Jurídicos, o el Centro, Órgano, Instituto de las Comunidades Autónomas correspondientes, con una calificación máxima de 40 puntos. La segunda, de prácticas tuteladas se calificarán a su finalización como APTO o NO APTO.

Para superar el curso selectivo es preciso alcanzar una puntuación de 20 puntos, en la primera fase y la calificación de apto en la segunda.

7.7.2 Finalizado el curso, continuarán prestando servicios como funcionarios en prácticas hasta su nombramiento definitivo como funcionarios de carrera.

Los aspirantes que se encuentren en activo como funcionarios interinos del Cuerpo de Médicos Forenses y que hayan prestado por mas de dieciocho meses, en los últimos cinco años, servicios efectivos en este Cuerpo, quedarán exentos de la fase de prácticas tuteladas en los Institutos de Medicina Legal que les serán convalidados con la calificación de APTO.

A estos exclusivos efectos se computarán los servicios prestados, así como el plazo de cinco años hasta la fecha de finalización del plazo de presentación de documentación regulado en la base 6.6.1.

7.7.3 Todos los funcionarios en prácticas tienen los derechos y deberes que se recogen en el artículo 25 del Real Decreto 1451/2005, de 7 de diciembre (BOE del 27), Reglamento de Ingreso, Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional del Personal Funcionario al servicio de la Administración de Justicia.

7.8 Nombramiento como Funcionario de Carrera.–Concluido el periodo de prácticas e incorporada la puntuación obtenida en el mismo, los aspirantes que lo hubieren superado y que hayan acreditado cumplir los requisitos exigidos, cuyo número no podrá exceder en ningún caso al de plazas convocadas en cada ámbito territorial, serán nombrados funcionarios de carrera mediante Orden, que se publicará en el «Boletín Oficial del Estado» y diarios oficiales de las Comunidades Autónomas con competencias asumidas.

Dado el carácter nacional del Cuerpo de Médicos Forenses, para el nombramiento como funcionarios de carrera, se confeccionarán dos listas en cada ámbito territorial, una en la que se consignarán las puntuaciones obtenidas en las fases comunes y obligatorias del proceso selectivo, y una con especificación de la puntuación obtenida en la prueba de lengua oficial propia de las Comunidades Autónomas y derecho civil especial o foral de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

En caso de empate, primará la nota obtenida en la fase de oposición; de persistir éste la obtenida en el segundo ejercicio; por último la de inicio del primer apellido comenzando por la «J».

7.9 De acuerdo con lo dispuesto en la base decimoquinta.2 de las bases comunes, si antes del nombramiento o toma de posesión, alguno de los aspirantes renunciara a su plaza, y siempre que el Tribunal Calificador hubiera propuesto tantos aspirantes como plazas convocadas, el Ministerio de justicia requerirá a este último relación complementaria de aspirantes que sigan a los propuestos, hasta completar el total de plazas convocadas.

En el último supuesto los aspirantes incluidos en esta relación complementaria, previo examen o valoración del idioma autónomo si procediera, y aportada la documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos exigidos, serán nombrados funcionarios en prácticas y convocados a la realización del curso selectivo en la siguiente convocatoria que se celebre.

8. Norma final

Al presente proceso selectivo le serán de aplicación la Ley Orgánica, 19/2003, de 23 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial; el Real Decreto 1451/2005, de 7 de diciembre («Boletín Oficial del Estado» de 27), que aprueba el Reglamento de Ingreso, Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional del Personal Funcionario al Servicio de la Administración de Justicia; el Real Decreto 406/2010, de 31 de marzo, por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público del 2010; la Orden JUS/1294/2010, de 5 de mayo (BOE de 19 de mayo), por la que se establecen las Bases Comunes que regirán los procesos selectivos para ingreso o acceso en los Cuerpos o Escalas de funcionarios al servicio de la Administración de Justicia; la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y lo dispuesto en la presente Orden de Convocatoria.

Con carácter supletorio, en lo no previsto en esta convocatoria se estará a lo dispuesto en la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico el Empleado Público, y el resto de normativa vigente en la materia.

Contra la presente convocatoria, y cuantos actos administrativos de ella deriven, se podrá interponer, con carácter potestativo, recurso de reposición ante el Ministro de Justicia en el plazo de un mes desde su publicación o bien recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses desde su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», ante el órgano jurisdiccional competente, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. En caso de interponer recurso de reposición, no se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta del mismo.