Por Resolución de 16 de febrero de 2022, de la Subsecretaría (BOE del 23 de febrero), se convocó proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre, en la Escala de Titulados Superiores del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, figurando en el Anexo III de dicha convocatoria la composición del tribunal calificador.
Habiendo presentado su renuncia como vocal del tribunal suplente don Saúl Urrutia Cordero, esta Subsecretaría dispone la sustitución del mismo por doña Almudena Gonzálvez Alonso, funcionaria perteneciente al Cuerpo Superior de Técnicos de la Administración de la Seguridad Social.
El artículo 326 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante LCSP), establece que los órganos de contratación de las Administraciones Públicas, salvo en el caso en que la competencia para contratar corresponda a una Junta de Contratación, estarán asistidos, en los procedimientos de adjudicación que enumera, por una Mesa de contratación, órgano de asistencia técnica especializada. Así mismo, los artículos 21 y 22 del Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, regulan la composición y las funciones de las Mesas de contratación y facultan al órgano de contratación para que designe a sus miembros, bien, con carácter permanente o para una pluralidad de contratos, bien de manera específica para la adjudicación de cada contrato.
El artículo 323 de la LCSP, relativo a los órganos de contratación estatales, establece en su apartado dos que en los organismos autónomos integrantes del sector público estatal, el órgano de contratación es su Director.
Ha sido admitido el depósito de la modificación de estatutos de la mencionada federación al comprobarse que reúne los requisitos previstos en la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical y el Real Decreto 416/2015, de 29 de mayo, sobre depósito de estatutos de las organizaciones sindicales y empresariales (Boletín Oficial del Estado de 20 de junio de 2015).
La solicitud de depósito fue formulada por D. José Miguel Ribera Martínez mediante escrito tramitado con el número de entrada 99/2022/000758.
Ha sido admitido el depósito de la constitución de la mencionada asociación al comprobarse que reúne los requisitos previstos en la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical y el Real Decreto 416/2015, de 29 de mayo, sobre depósito de estatutos de las organizaciones sindicales y empresariales (Boletín Oficial del Estado de 20 de junio de 2015).
La solicitud de depósito fue formulada por Dña. Ainara Puebla Castellano mediante escrito tramitado con el número de entrada 99/2022/000714.
La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ha establecido una regulación completa y sistemática de las relaciones entre las Administraciones públicas y los administrados, cuya finalidad principal es la simplificación y agilización de los procedimientos administrativos.
A este respecto, la ley prevé que los interesados con capacidad de obrar podrán actuar por medio de representante ante las Administraciones públicas, y la forma de su acreditación mediante el apoderamiento presencial o electrónico, y su inscripción en el registro electrónico de apoderamientos de la Administración Pública competente.
