Por Resolución de 16 de abril de 2015 («Boletín Oficial del Estado» del 22 de abril) se convocó concurso general de méritos para la provisión de puestos de trabajo vacantes en la Dirección General de la Policía.

El Secretario de Estado de Seguridad, por Resolución de 12 de julio de 2016, ha resuelto, de acuerdo con el dictamen del Consejo de Estado, estimar el recurso extraordinario de revisión formulado por doña María Victoria Beltrán García, contra Resolución de 28 de diciembre de 2015 («BOE» de 7 de enero de 2016), que resolvía el concurso general de méritos para la provisión de puestos de trabajo en la Dirección General de la Policía, convocado por Resolución de 16 de abril de 2015, en el sentido de anular la adjudicación del puesto identificado con el número 8 (anexo IB) de la convocatoria y realizar una nueva adjudicación de la plaza citada.

Cumplimentadas las normas reglamentarias y observados cuantos requisitos y procedimientos se establecen en las bases de la convocatoria por la correspondiente Comisión de Valoración, esta Secretaría de Estado, en uso de las facultades conferidas en el artículo 9.2 del Real Decreto 2169/1984, de 28 de diciembre, de Atribución de Competencias en Materia de Personal, acuerda:

Anular la adjudicación del puesto de la convocatoria, identificado con el número de orden 8 (anexo IB), del concurso de méritos de referencia, en la Organización Periférica de la Dirección General de la Policía, Comisaría Provincial de Tarragona, Puesto de Trabajo N17, código n.º 4684564, y que recayó en D.ª Patricia Martínez Pedraza, con NRP 7713961357 A1146.

Segundo.

Adjudicar dicho puesto de trabajo, una vez recibida nueva propuesta de la Comisión de Valoración, a D.ª María Victoria Beltrán García, con NRP 2909807935 A1146, y con destino actual en la Jefatura Provincial de Tráfico de Tarragona, con efectos a partir de la fecha que los produjo la resolución anulada.

Tercero.

El destino adjudicado se considera de carácter voluntario y, en consecuencia, no genera derecho al abono de indemnización por concepto alguno.

Cuarto.

Contra esta Resolución, que pone fin a la vía administrativa, puede interponerse recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 9.a) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», sin perjuicio del potestativo recurso de reposición ante este Ministerio en el plazo de un mes, de acuerdo con lo preceptuado en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Madrid, 23 de septiembre de 2016.–El Secretario de Estado de Seguridad, P.D.(Orden INT/1797/2010, de 2 de julio), la Subdirectora General de Recursos Humanos e Inspección, Isabel Borrel Roncales.