La Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en su sesión del día 12 de junio de 2017, a la vista del Informe remitido por ese Alto Tribunal acerca del Informe Anual de fiscalización de la Comunidad Autónoma de Extremadura, ejercicio 2014, acuerda:

1. Asumir el contenido del citado Informe, así como sus conclusiones y recomendaciones.

2. Instar a la Comunidad Autónoma de Extremadura a:

– Modificar la Ley General de Hacienda Pública de Extremadura con el objeto de incluir, formando parte de los presupuestos de la Comunidad, la totalidad de entidades empresariales, fundacionales o consorcios integrantes del sector público autonómico, aclarando el régimen de rendición de cuentas de las entidades públicas en las que la Administración autonómica posee la mayor participación o dominio público, siendo inferior al 50% del total, especialmente si ha de realizarse por conducto de la Intervención General de la Comunidad.

– Fijar a través de la oportuna norma, los plazos de aprobación de las cuentas anuales de las entidades públicas autonómicas que no responden a la forma societaria o fundacional.

– Desarrollar los módulos del Sistema de Información Contable correspondientes a gastos con financiación afectada, compromisos de ingresos e inmovilizado, que permitan salvar las limitaciones que la información contable proporciona de las áreas referidas. En esta línea, habría de fomentarse el avance en la implantación del sistema de gestión integral de ingresos.

– Desarrollar manuales de selección de personal para todos los consorcios y fundaciones públicos autonómicos que aún no cuentan con ellos, en los cuales se garantice el cumplimiento de los principios de publicidad, capacidad y mérito con expedientes completos.

– Reestructurar las entidades integrantes del sector público, a fin de: evitar duplicidades e ineficiencias en la prestación de servicios por entidades públicas, liquidar entidades sin actividad o con actividad muy reducida como la Fundación Ortega Porras, y la sociedad Gestión y Estudios Mineros, S.A.

– Promover el empleo estable y de calidad, poniendo fin a la práctica de concatenación de contratos temporales para cubrir puestos de estructura.

– Efectuar las modificaciones normativas oportunas a efectos de adelantar el plazo de rendición de las cuentas a 30 de junio del ejercicio siguiente a que se refieran, a fin de facilitar el acercamiento en el tiempo del control a efectuar por este Tribunal.

3. Instar al Gobierno de Extremadura a:

– Modificar la Ley General de Hacienda Pública de Extremadura con el objeto de incluir, formando parte de los presupuestos de la Comunidad, la totalidad de entidades empresariales, fundacionales o consorcios integrantes del sector público autonómico, de acuerdo con los criterios de delimitación previstos por el Sistema de Cuentas Nacionales y Regionales, en consonancia con el principio de transparencia contemplado en el artículo 6 de la Ley Orgánica de Estabilidad y Sostenibilidad Financiera. Asimismo, debería valorarse la inclusión en el referido texto legal de la obligación de integrar, en las cuentas anuales de dichas empresas y fundaciones, información sobre el cumplimiento de las obligaciones económico financieras que asumen estas entidades por su pertenencia al sector público, del mismo modo que el artículo 129.3 de la Ley General Presupuestaria exige en el ámbito estatal.

– Elaborar un nuevo Plan que se adapte a los criterios y principios contables contenidos en el Plan General de Contabilidad Pública aprobado por Orden del Ministerio de Economía y Hacienda 1037/2010, de 13 de abril.

– Proceder al desarrollo de manuales de selección de personal para todos los consorcios y fundaciones públicos autonómicos que aún no cuentan con ellos, en los cuales se garantice el cumplimiento de los principios que le son aplicables y su acreditación mediante expedientes completos.

– Elaborar, en caso de que no esté realizado ya desde el nuevo Gobierno, un plan integral de entidades integrantes del sector público, contemplando:

a) La evaluación de posibles duplicidades e ineficiencias en la prestación de servicios por entidades públicas, en función del objeto de las mismas, con especial atención en las entidades competentes en materia de juventud; en las fundaciones y consorcios dependientes de la Consejería competente en materia de cultura (valorando su gestión centralizada); y en la racionalización de las sociedades encargadas de la gestión del suelo y urbanismo (residencial o industrial).

b) La extinción de entidades sin actividad o con actividad muy reducida como la Fundación Ortega Porras, y la sociedad Gestión y Estudios Mineros, S.A., así como establecer el adecuado control para promover la finalización de los procesos de disolución o liquidación en curso y la modificación del encaje jurídico de las entidades públicas creadas por la Ley 1/2008, de 22 de mayo.

– Facilitar la formación de presupuestos y rendición de cuentas independientes por parte de los organismos autónomos y entes públicos que rinden sus cuentas integradas en las de la Administración de la Comunidad.

– Efectuar, tal y como señala la Resolución de 8 de abril de 2014, aprobada por la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, las modificaciones normativas oportunas a efectos de adelantar el plazo de rendición de las cuentas a 30 de junio del ejercicio siguiente a que se refieran, a fin de facilitar el acercamiento en el tiempo del control a efectuar por el Tribunal de Cuentas.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio de 2017.–El Presidente de la Comisión, Eloy Suárez Lamata.–El Secretario Primero de la Comisión, Vicente Ten Oliver.