De conformidad con lo establecido en el artículo 17.5 del Reglamento interno del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, aprobado por Resolución de 25 de febrero de 2019, de la entonces Secretaría de Estado de Servicios Sociales (BOE núm. 58, de 8 de marzo), el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia aprobó, en su reunión extraordinaria de 28 de junio de 2022, el Acuerdo por el que se fijan los criterios de distribución territorial y la distribución resultante entre las comunidades autónomas (excepto País Vasco y Navarra) y las ciudades de Ceuta y Melilla, del crédito destinado a la financiación en 2022 del Programa de Protección a la Familia y Atención a la Pobreza Infantil. Prestaciones Básicas de Servicios Sociales por importe de 198.704.000 euros y del Plan de Desarrollo Gitano por importe de 2.000.000 de euros, que se publica como anexo a esta resolución.

Madrid, 14 de julio de 2022.–El Secretario de Estado de Derechos Sociales, Ignacio Álvarez Peralta.

ANEXO

Acuerdo por el que se fijan los criterios de distribución territorial y la distribución resultante entre las comunidades autónomas (excepto País Vasco y Navarra) y las ciudades de Ceuta y Melilla, del crédito destinado a la financiación en 2022 del Programa de Protección a la Familia y Atención a la Pobreza Infantil. Prestaciones Básicas de Servicios Sociales por importe de 198.704.000 euros y del Plan de Desarrollo Gitano por importe de 2.000.000 de euros

De conformidad con lo establecido en el artículo 86.2 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria (LGP), quedan acordados, en los términos que figuran en el Anexo adjunto al Acuerdo, los criterios de distribución territorial, así como a la distribución resultante del crédito correspondiente al ejercicio económico 2022 para la financiación de las actuaciones del Programa de Protección a la Familia y Atención a la Pobreza Infantil. Prestaciones Básicas de Servicios Sociales, una vez autorizados por el Consejo de Ministros en reunión de 31 de mayo de 2022, y del crédito del Plan de Desarrollo Gitano.

La regla segunda del artículo 86.2 de la Ley 47/2033, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, dispone lo siguiente:

«Segunda.a) Los criterios objetivos que sirvan de base para la distribución territorial de los créditos presupuestarios, así como su distribución se fijarán por la Conferencia Sectorial correspondiente al comienzo del ejercicio económico.

Cuando el importe total a distribuir fuera superior a 12 millones de euros, deberá recabarse con carácter previo a la convocatoria de la Conferencia Sectorial, la autorización del Consejo de Ministros. La citada autorización no conllevará la aprobación del gasto, que corresponderá al órgano competente en cada caso. A efectos de recabar la autorización, se remitirá propuesta de distribución a someter a la Conferencia Sectorial.»

Por ello, con carácter previo a la convocatoria del Pleno del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia que fijó los criterios objetivos y la distribución territorial del crédito presupuestario 29.05.231F.453.07 Protección a la Familia y Atención a la Pobreza Infantil. Prestaciones Básicas de Servicios Sociales en su reunión del 28 de junio de 2022, fue recabada autorización del Consejo de Ministros por ser ese crédito de un importe superior a los 12 millones de euros. Dicha autorización tuvo lugar el 31 de mayo de 2022.

En el caso del crédito del Plan de Desarrollo Gitano no fue necesario recabar esta autorización al no superar los 12 millones de euros.

El artículo 86.2 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, establece que la Conferencia Sectorial correspondiente fijará los criterios objetivos de distribución, así como las distribuciones resultantes, de los créditos destinados al cumplimiento de planes y programas conjuntos referidos a competencias de las comunidades autónomas.

Con carácter previo a la celebración del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia y de acuerdo a lo establecido en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, se recabó informe preceptivo y vinculante de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos del Ministerio de Hacienda, sobre cumplimiento del art. 20.3 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y de la Resolución de 27 de febrero de 2013, de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 22 de febrero de 2013, por el que se aprueban las instrucciones para la aplicación del artículo 86 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria. Informe favorable que se emitió el 05 de mayo de 2022 para el crédito destinado al Programa de Protección a la Familia y Atención a la Pobreza Infantil. Prestaciones Básicas de Servicios Sociales y el 19 de mayo de 2022 para el crédito del Plan de Desarrollo Gitano.

Este Acuerdo tiene como objeto exclusivamente la distribución entre las comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y de Melilla del crédito presupuestario del Programa de Protección a la Familia y Atención a la Pobreza Infantil. Prestaciones Básicas de Servicios Sociales, así como la distribución del crédito del Plan de Desarrollo Gitano, sin que en ningún caso pueda entenderse que el mismo implique su ejecución, el nacimiento de ningún tipo de obligación económica con cargo a los Presupuestos Generales del Estado a favor de las comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y de Melilla, ni en consecuencia, la existencia de ningún derecho de cobro de las comunidades autónomas frente a la Administración General del Estado o sus entidades públicas vinculadas o dependientes.

Con posterioridad a este Acuerdo, el órgano competente del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 aprobará las resoluciones a través de las cuales se formalizan los compromisos financieros resultantes, de acuerdo con la regla cuarta de del artículo 86.2 de la citada Ley 47/2003 General Presupuestaria y la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Cumplidos los trámites descritos previamente y preceptivos el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia aprueba con el voto favorable de todos los miembros salvo una abstención, este Acuerdo al que acompaña el siguiente Anexo con los criterios de distribución y la distribución resultante entre las comunidades autónomas (excepto País Vasco y Navarra) y las ciudades de Ceuta y Melilla, del crédito destinado a la financiación en 2022 del Programa de Protección a la Familia y Atención a la Pobreza Infantil. Prestaciones Básicas de Servicios Sociales por importe de 198.704.000 euros y del Plan de Desarrollo Gitano por importe de 2.000.000 de euros.

ANEXO

1. Distribución del crédito destinado a las comunidades autónomas (excepto País Vasco y Navarra) y las ciudades de Ceuta y de Melilla para la realización del Programa de Protección a la familia y atención a la pobreza infantil. Desarrollo de prestaciones básicas de servicios sociales, aplicación presupuestaria 29.05.231F.453.07 de los PGE vigentes para 2022 por importe de 198.704.000 de euros.

La distribución económica de este crédito en 2022 es la siguiente:

A) Programa de Protección a la familia y atención a la pobreza infantil por un importe total de 65.000.000 euros que se distribuyen de la siguiente manera:

A.1) Protección a la familia y atención a la pobreza infantil, por un importe de 50.000.000 euros.

Este crédito irá destinado a financiar proyectos de intervención social y prestaciones económicas y/o en especie que contribuyan a mejorar la situación social y laboral de las familias con menores a cargo que presentan situaciones de privación material severa o riesgo de pobreza y de exclusión, con especial atención a las familias con tasas superiores a la media, como es el caso de las familias monoparentales, o aquellas que presentan necesidades singulares de protección, como pueden ser las familias del medio rural o las que han resultado especialmente afectadas por el impacto del COVID-19 sobre la salud, la situación económica y/o profesional de sus miembros.

El programa se vincula a la Recomendación de la Comisión Europea de 20 de febrero de 2013: «Invertir en la infancia»: romper el ciclo de las desventajas (2013/112/UE), así como al cumplimiento de la Estrategia Europea sobre los derechos de la Infancia, de los Objetivos de la Estrategia Nacional de Prevención y Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social 2019-2023 y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 1 y 10 de la Agenda 2030 de Naciones Unidas.

Los proyectos, que deberán ser promovidos –dentro del Sistema Público de Servicios Sociales– por las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y de Melilla a las que afecta la distribución del crédito o por las corporaciones locales y/o los entes públicos de carácter local, se seleccionarán de común acuerdo entre éstas y el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 y se enmarcarán en las siguientes tipologías de proyectos:

1. Proyectos dirigidos a paliar y mejorar la situación de vulnerabilidad social de las familias, cubriendo necesidades básicas de alimentación, higiene, ropa, etc. y facilitando el acceso a otros servicios como los de salud (física y mental), educación (material escolar, ayudas para comedor), vivienda (alquiler y mejora de las condiciones de habitabilidad de la vivienda, suministros, etc.) y de empleo, así como el acompañamiento y trabajo social con las familias.

2. Proyectos de apoyo a la conciliación familiar y laboral para familias en procesos de inserción socio-laboral con personas menores a cargo tales como gastos de asistencia a escuelas infantiles, la atención de niños y niñas para cubrir necesidades puntuales de conciliación, los servicios de apoyo complementarios de los servicios normalizados educativos u otros que garanticen el derecho de los niños y niñas a una atención y desarrollo adecuados.

3. Servicios de intervención y apoyo familiar, entre los que se encuentran los definidos en el apartado 1.3 del Catálogo de referencia de Servicios Sociales, aprobado el 16 de enero de 2013, por el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (intervención y orientación socio-familiar, mediación familiar, puntos de encuentro familiar o atención socioeducativa de menores).

Las comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y de Melilla a las que afecta la distribución del crédito, deberán incluir propuestas en los tres tipos de proyectos.

No se exigirá compromiso de cofinanciación de estas comunidades autónomas o de las ciudades de Ceuta y de Melilla o de las corporaciones locales, si bien en las fichas de presentación de proyectos y en las memorias de evaluación de los mismos se consignará la cantidad total asignada a estos programas, desagregando la que corresponde al Ministerio y la aportada con cargo a fondos propios o de terceros.

Gastos financiados:

Los gastos que se financiarán con cargo a la dotación del Ministerio serán:

a) Las prestaciones económicas y/o en especie que se proporcionen directamente a las familias. Los gastos en prestaciones económicas no podrán destinarse al pago de impuestos, tasas, cuotas, etc. de las administraciones públicas o de entidades privadas.

b) Servicios proporcionados (diagnóstico de la necesidad, derivación y prestación de servicios). Estos gastos, que podrán consistir en gastos de personal y gastos corrientes de gestión, no podrán superar el 30% en cada uno de los proyectos de la tipología 1.

Criterios de distribución del crédito:

La distribución económica en este año 2022 para la realización del Programa de Protección a la familia y atención a la pobreza infantil se lleva a cabo teniendo en cuenta el incremento de 5.000.000 de euros que ha tenido el Programa respecto al ejercicio anterior, que fue de 45.000.000 euros. En total se distribuyen 50.000.000 de euros.

Con el objetivo fundamental de que ninguna Comunidad autónoma pierda capacidad para seguir ejecutando las acciones desarrolladas durante el ejercicio anterior se mantienen los criterios de distribución utilizados en 2021 para la distribución de los 45.000.000 de euros y con respecto al incremento de los 5.000.000 euros se utilizan los siguientes criterios de distribución:

– En un 80% del crédito, se utilizan actualizados a 2021 (los más recientes a la fecha de este Acuerdo), los utilizados para la distribución del Plan Concertado de Prestaciones Básicas de Servicios Sociales: 90% la población; 1,5% la dispersión, 0,7% grandes urbes (ciudades de más de 500.000 habitantes), 2,3% la población dependiente mayores de 65 y menores de 16, el 5% la superficie y el 0,5% la Insularidad.

– En un 20% se utiliza el criterio de número de personas en cada Comunidad o ciudad autónoma que se encuentran en situación de pobreza y/o exclusión social (AROPE), indicador utilizado por la Unión Europea como medida de cumplimiento de los objetivos en el ámbito de la reducción de pobreza y la exclusión social, y compuesto por los indicadores de pobreza relativa, privación material severa y baja intensidad de trabajo por hogar. Se utilizan los datos más recientes publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) en la Encuesta de condiciones de Vida. Último dato disponible ECV 2020, publicado el 15 de Julio de 2021.

La distribución por Comunidades Autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla quedaría como sigue:

A.2) Programa específico para garantizar el derecho básico de alimentación, ocio y cultura de niños, niñas y adolescentes durante las vacaciones escolares y la conciliación de la vida familiar y laboral por un importe de 15.000.000 euros.

Tiene como finalidad contribuir a hacer efectivo el derecho de niños, niñas y adolescentes a la alimentación (artículo 27) y a actividades de esparcimiento, ocio y vida cultural (artículo 31) de la Convención sobre Derechos del Niño, la Recomendación de la Comisión Europea de 20 de febrero de 2013: «Invertir en la infancia»: romper el ciclo de las desventajas (2013/112/UE), la Estrategia Europa 2020, los Objetivos de la Estrategia Nacional de Prevención y Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social 2019-2023 y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 1 y 10 de la Agenda 2030 de Naciones Unidas. Se pretende reforzar iniciativas que se están desarrollando desde comunidades autónomas y ayuntamientos, de forma que puedan ampliar la cobertura e incorporar más menores en situaciones de vulnerabilidad y riesgo de exclusión, con los siguientes objetivos:

– Ampliar la oferta de recursos de ocio educativo con vocación inclusiva y facilitar su acceso a menores en situación de vulnerabilidad por incapacidad de hacer frente a matrículas y copagos, teniendo a la vez en cuenta las situaciones excepcionales producidas por la crisis social y sanitaria por el COVID-19, especialmente en el caso de familias monoparentales y numerosas, así como las que cuenten con personas con discapacidad.

– Estos recursos deben fomentar el desarrollo de nuevas competencias, el disfrute de actividades de juego y esparcimiento, las experiencias de convivencia con iguales y el apuntalamiento de valores de ciudadanía, garantizando un equilibrio adecuado entre el componente educativo, de ocio, y actividad física, con incidencia en el refuerzo de competencias básicas en lengua, lectura y escritura, cálculo, y en particular las digitales.

– Estas actividades se deberán desarrollar en un marco generalista, es decir, junto a niños y niñas que no sean beneficiarios de la subvención para participar de este tipo de programas en períodos no lectivos y/o vacacionales. Con ello se pretende evitar el riesgo de estigmatización y de concentración de la vulnerabilidad.

– Estas actividades se deberán desarrollar en un marco generalista, es decir, junto a niños y niñas que no sean beneficiarios de la subvención para participar de este tipo de programas en períodos no lectivos y/o vacacionales. Con ello se pretende evitar el riesgo de estigmatización y de concentración de la vulnerabilidad.

– Garantizar la cobertura de una alimentación equilibrada, saludable y adecuada a las necesidades nutricionales para la población infantil en períodos no lectivos y/o vacacionales, sea integrándola en los programas o como servicio complementario.

– Facilitar la conciliación de la vida familiar y laboral de las familias económicamente vulnerables que no tienen recursos para sufragarse servicios generales de cuidados para sus hijos e hijas.

– Los proyectos que podrán ser financiados son los siguientes:

• Proyectos dirigidos a la cobertura de necesidades básicas como alimentación saludable, equilibrada y apropiada a su edad.

• Proyectos de fomento de actividades de ocio, tiempo libre, culturales y educativas.

• Proyectos que favorezcan la conciliación de la vida familiar y laboral de familias con hijos e hijas a cargo y en situación de vulnerabilidad social.

Todos los proyectos deberán garantizar, en su caso, el cumplimiento de las medidas establecidas por las autoridades sanitarias para garantizar la seguridad y la salud de todas las personas participantes. Se potenciarán los programas de proximidad para evitar la movilidad innecesaria.

Se priorizan líneas de financiación para servicios ya existentes que se propongan ampliar su oferta para incluir niños, niñas y adolescentes vulnerables desde un punto de vista socioeconómico y sociocultural, teniendo a la vez en cuenta las situaciones derivadas de los efectos de la crisis social y sanitaria ocasionada por el impacto del COVID-19.

Asimismo, se potenciará la coordinación y colaboración entre actores públicos (especialmente entre servicios sociales y autoridades educativas), privados y tercer sector para maximizar la cobertura y la complementariedad de los programas.

No se exigirá compromiso de cofinanciación de las comunidades autónomas o de las ciudades de Ceuta y Melilla o de las corporaciones locales, si bien en las fichas de presentación de los proyectos y en las memorias de evaluación de los mismos se consignará la cantidad total asignada a estos programas, desagregando la que corresponde al Ministerio y la aportada con cargo a fondos propios o de terceros.

La distribución territorial por CCAA y ciudades de Ceuta y Melilla se realiza de acuerdo con los mismos criterios utilizados para el subprograma A1 de Protección a la familia y atención a la pobreza infantil, dado el carácter complementario que tienen ambos subprogramas, y al no haber incremento respecto al año anterior se utilizan los mismos porcentajes que en 2021, quedando como sigue:

B) Programas para el refuerzo de equipos de atención a la infancia y la familia en los servicios sociales de atención primaria, en ejecución de lo previsto en la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia (LOPIVI) por un importe de 25.000.000 de euros.

Este crédito irá destinado a financiar el refuerzo de los equipos de infancia y familia de la Red de servicios sociales de atención primaria y a proporcionar a la ciudadanía servicios sociales adecuados que permitan la prevención y detección precoz de cualquier tipo de riesgo de violencia hacia la infancia, promoviendo la competencia en sus funciones de crianza por parte de las familias.

El programa se vincula con el despliegue de lo dispuesto en el artículo 42 de la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, donde establece, en su apartado 1, la necesidad de que los servicios sociales se doten de profesionales y equipos de intervención familiar y con la infancia y adolescencia, especialmente entrenados en la detección precoz, valoración e intervención frente a la violencia ejercida sobre las personas menores de edad.

Así mismo, el apartado 2 del mencionado artículo indica que estos equipos deberán estar constituidos preferentemente por profesionales de la educación social, de la psicología y del trabajo social, y cuando sea necesario de la abogacía, especializados en casos de violencia sobre la infancia y la adolescencia.

Los programas, que deberán ser promovidos –dentro del Sistema Público de Servicios Sociales– por las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y de Melilla o por las corporaciones locales y/o los entes públicos de carácter local, se seleccionarán de común acuerdo entre éstas y el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 y deberán estar dirigidos a la financiación de los equipos de atención a la infancia y la familia de los servicios sociales de atención primaria.

Cofinanciación de las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla y/o de las corporaciones locales:

Las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y de Melilla aportarán, para la financiación de los proyectos seleccionados, al menos, una dotación económica de igual cuantía que la que le corresponde en la distribución.

Las comunidades autónomas determinarán las aportaciones de las corporaciones locales de su territorio, para participar en la cofinanciación.

Gastos financiados:

Los gastos que se financiarán con cargo a la dotación del Ministerio serán los generados por los equipos de intervención familiar y con la infancia y adolescencia de la red de servicios sociales de atención primaria y los servicios proporcionados a las familias con personas menores de edad a cargo. Podrán financiarse los gastos relativos a:

– Personal de los equipos.

– Formación para dotar de competencias a los profesionales.

– Formación dirigida a las familias.

– Materiales de apoyo a la formación.

– Gastos corrientes y de gestión.

Criterios de distribución del crédito:

La distribución económica de este crédito en 2022 se realiza mediante las siguientes variables y ponderaciones:

A) El 80 % del crédito se distribuye de acuerdo a los criterios actualizados que coinciden con los utilizados para la distribución del Plan Concertado de Prestaciones Básicas de Servicios Sociales:

1. Población: 90,0%.

2. Superficie: 5,0%.

3. Población dependiente: 2,3%.

4. Dispersión: 1,5%.

5. Grandes Urbes: 0,7%

6. Insularidad: 0,5%

B) El 20% del crédito se distribuye en función del número de menores de 18 años en cada uno de los territorios.

Atendiendo a sus características particulares, a las Ciudades autónomas de Ceuta y de Melilla y a las Comunidades autónomas de Cantabria y La Rioja se les ha asignado un porcentaje fijo del 0,5% y del 1,5% de los recursos, respectivamente.

La distribución por comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla queda como sigue:

C) Prestaciones básicas de Servicios Sociales, por un importe de 108.704.000 euros.

Con el fin de mantener la Red de servicios sociales de atención primaria gestionada por las corporaciones locales y proporcionar a la ciudadanía servicios sociales adecuados que permitan la cobertura de sus necesidades básicas, se cofinancian proyectos para el desarrollo de las siguientes prestaciones básicas:

1. Información y orientación.

2. Ayuda a domicilio y apoyo a la unidad de convivencia.

3. Alojamiento alternativo.

4. Prevención e inserción social.

Cofinanciación de las CCAA y Ciudades de Ceuta y Melilla y/o de las corporaciones locales:

Las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y de Melilla aportarán, para la financiación de los proyectos seleccionados, al menos, una dotación económica de igual cuantía que la que le corresponde en la distribución.

Las comunidades autónomas determinarán las aportaciones de las corporaciones locales de su territorio, responsables de cada proyecto, para participar en la cofinanciación.

Gastos financiados:

Los proyectos a cofinanciar, seleccionados de común acuerdo por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 y las comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla, tendrán como finalidad la dotación y mantenimiento de cualquiera de los siguientes tipos de equipamientos desde los cuales se desarrollarán las prestaciones básicas: centros de servicios sociales y equipamientos complementarios (servicios de información, comedores, centros de día, pisos tutelados, mini-residencias, etc.), albergues y centros de acogida (de mujer, de menores y polivalentes).

Los proyectos se vinculan al cumplimiento de la Estrategia Nacional de Prevención y Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social 2019-2023 y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 de Naciones Unidas, en especial a los objetivos 1 y 10.

Criterios de distribución de los créditos:

La distribución económica de este crédito en 2022 se realiza mediante las siguientes variables y ponderaciones, utilizando los datos disponibles más actuales.

Estas variables y sus ponderaciones son las siguientes:

1) Población: 90,0%.

2) Superficie: 5,0.

3) Población dependiente: 2,3%.