Por Orden JUS/1755/2013, de 23 de septiembre («Boletín Oficial del Estado» de 1 de octubre), se convocó concurso para la provisión de puestos de trabajo reservados a funcionarios del Cuerpo de Abogados del Estado.

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, cumplido lo previsto en el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, y en las bases de la convocatoria, y valorados los méritos alegados por los concursantes por la Comisión de Valoración a la que hace referencia la base sexta de la convocatoria,

Este Ministerio acuerda:

Resolver la adjudicación de los puestos de trabajo contenidos en los anexos de esta orden, que comprende los ofrecidos en los anexos I y II de la convocatoria.

Segundo.

Declarar desiertos por falta de aspirantes, o no haber resultado vacantes, los no adjudicados.

Tercero.

El plazo de toma de posesión del nuevo destino será de tres días si no implica cambio de residencia, o de un mes, si comporta cambio de residencia o reingreso al servicio activo.

El plazo de toma de posesión empezará a contarse a partir del día siguiente al del cese, que deberá efectuarse dentro de los tres días hábiles siguientes a la publicación de esta orden en el «Boletín Oficial del Estado». Si la resolución del concurso, comporta el reingreso al servicio activo, el plazo de toma de posesión deberá computarse desde dicha publicación.

Contra la presente orden, y los actos derivados de la misma que ponen fin a la vía administrativa, cabe interponer, con carácter potestativo, recurso de reposición en el plazo de un mes a partir de su notificación ante el órgano que dictó la orden en los términos previstos en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificado por la Ley 4/1999, de 13 de enero de 1999, o directamente recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo con arreglo a lo dispuesto en el artículo 9.A) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Madrid, 28 de noviembre de 2013.–El Ministro de Justicia, P.D. (Orden JUS/2225/2012, de 5 de octubre), la Abogada General del Estado, Marta Silva de Lapuerta.