El Consejo de Ministros, en su reunión del día 4 de octubre de 2013, ha adoptado el Acuerdo por el que se fija el módulo para la distribución del crédito que figura en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2013, destinado a subvencionar los gastos de funcionamiento de los juzgados de paz.
Para general conocimiento se procede a la publicación del referido Acuerdo que figura como anexo a esta Orden.
La regulación por primera vez de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, introducida por la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, ha incidido de manera directa en la organización del Sistema de registros administrativos de apoyo a la Administración de Justicia que ha debido adaptar su funcionamiento para incorporar a las correspondientes bases de datos la nueva información exigida. Por esta razón, así como para precisar la forma en que los interesados debían acreditar su personalidad y, en su caso, la condición de representante legal cuando solicitasen acceder a la información contenida en el citado Sistema de registros, se aprobó el Real Decreto 1611/2011, de 14 de noviembre, por el que se modificaba el Real Decreto 95/2009, de 6 de febrero, por el que se regula el Sistema de registros administrativos de apoyo a la Administración de Justicia.
Por otro lado, el intercambio recíproco de la información penal entre los Estados miembros de la Unión Europea, ha sido impulsado por la Decisión marco 2009/315/JAI, del Consejo, de 26 de febrero de 2009, relativa a la organización y al contenido del intercambio de información de los registros de antecedentes penales entre los Estados miembros, y por la Decisión 2009/316/JAI del Consejo, de 6 de abril de 2009, por la que se establece el Sistema Europeo de Información de Antecedentes Penales (ECRIS).
La Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha estimado el recurso contencioso-administrativo procedimiento ordinario 412/2011 interpuesto por don Carlos Javier Oliva Hernández, sobre las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa, por el sistema general de promoción interna, convocadas por Orden JUS/1654/2010, de 31 de mayo.
Este Ministerio, en cumplimiento del fallo de la sentencia n.º 190/2013, de 8 de febrero de 2013, ha resuelto nombrar el siguiente Tribunal Calificador que ha de proceder al cumplimiento de la sentencia, recaída en el citado recurso:
Conforme a lo dispuesto en el artículo 20.1.b) de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública («BOE» de 3 de agosto de 1984), modificado en su redacción por la Ley 23/1988, de 28 de julio («BOE» de 29 de julio de 1988), y en el artículo 52 del Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración del Estado, aprobado por Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo («BOE» de 10 de abril de 1995), este Ministerio acuerda anunciar la provisión, por el procedimiento de libre designación, de los puestos de trabajo que se relacionan en el anexo I de la presente orden, con arreglo a las siguientes bases:
Primera.
Visto el expediente de indulto de doña Verónica Alonso Dacosta, condenada por la Sala Segunda de lo Penal del Tribunal Supremo, en sentencia de 11 de mayo de 2011, resolutoria del recurso de casación interpuesto contra otra de la Audiencia Provincial de Pontevedra, sección segunda, como autora de un delito de estafa, a la pena de dos años, cuatro meses y quince días de prisión y multa de seis meses con una cuota diaria de seis euros, por hechos cometidos en el año 2005, en el que se han considerado los informes del Tribunal sentenciador y del Ministerio Fiscal, a propuesta del Ministro de Justicia y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 27 de septiembre de 2013,
Vengo en conmutar a doña Verónica Alonso Dacosta la pena privativa de libertad impuesta por otra de dos años de prisión, a condición de que no vuelva a cometer delito doloso en el plazo de tres años desde la publicación del real decreto.
