Vista la sentencia firme número 426/2016, dictada por la Sala Segunda del Tribunal Supremo, por la que se condena a don Julio González Díez, funcionario de la Escala Superior de Técnicos de Tráfico, con destino en la Jefatura Provincial de Lugo, como autor de un delito de prevaricación y de un delito de falsedad en documento público, a la pena, entre otras, respectivamente, de inhabilitación especial para el cargo de Jefe Provincial o funcionario de la Dirección General de Tráfico durante tres años e inhabilitación especial para el cargo de Jefe Provincial o funcionario de la Dirección General de Tráfico durante un año y seis meses.

Considerando lo dispuesto en los artículos 63.e) y 66 del texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, en los que se establece que la pena principal o accesoria de inhabilitación especial que tuviera carácter firme, produce la pérdida de la condición de funcionario respecto a todos los empleos o cargos especificados en la sentencia.

Esta Subsecretaría, en uso de las facultades que tiene conferidas, acuerda:

De conformidad con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del procedimiento Administrativo Común, contra esta Resolución, que pone fin a la vía administrativa, conforme a lo dispuesto en el apartado 2 de la disposición adicional decimoquinta de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, puede el interesado interponer recurso potestativo de reposición en el plazo de un mes, ante este Ministerio, o contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid o el de la circunscripción del domicilio del interesado, a su elección, en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente al de la notificación de la presente Resolución, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, así como en los artículos 10.i) y 46.1) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.

Madrid, 3 de agosto de 2016.–El Subsecretario del Interior, Luis Aguilera Ruiz.