Los Reales Decretos 1481/1993, de 27 de agosto, y 1482/1993, de 27 de agosto, otorgaron las concesiones de explotación denominadas «El Ruedo 2» y «El Ruedo 3», en la zona A, a las sociedades «Compañía de Investigación y Explotaciones Petrolíferas, SA»; «Repsol Exploración, SA» y «CNWL Oil (España), SA, por un periodo de 30 años.

De acuerdo con la Orden de 4 de mayo de 1994 sobre cesión en las concesiones de explotación de hidrocarburos denominadas «El Ruedo 1», «El Ruedo 2» y «El Ruedo 3», su titularidad y operación corresponde a la compañía «Nueva Electricidad del Gas, SAU».

El plan de explotación aprobado contempla el aprovechamiento de los yacimientos «Córdoba B-2» y «Córdoba C-1», mediante los sondeos «Córdoba B-2», «Córdoba C-1» y «Córdoba C-1A». Además, contempla que el gas producido sea enviado mediante gasoductos colectores hasta las plantas de tratamiento y generación, donde será utilizado como combustible de los motores de los grupos generadores.

Mediante Resolución de 21 de junio de 2010 de la Dirección General de Política Energética y Minas (BOE núm. 191 de 7 de agosto) y tras resolverse satisfactoriamente determinados incidentes en el procedimiento, se aprobó con carácter definitivo la ejecución del gasoducto de interconexión Córdoba C-1 a Córdoba C-1A y sus instalaciones auxiliares y se reconoció asimismo, la utilidad pública concreta del mismo. De acuerdo con la condición particular segunda del artículo primero de dicha resolución, el plazo máximo para la construcción y puesta en servicio de las instalaciones autorizadas es de dieciocho meses, contados a partir del día siguiente al de la fecha de notificación de la presente resolución.

Debido a la proximidad del vencimiento de dicho plazo y mediante escrito de 18 de noviembre de 2011, el promotor solicitó una ampliación del plazo para la construcción y puesta en servicio de las instalaciones por un periodo adicional de seis meses, hasta el mes de junio de 2012. Dicha solicitud se justifica debido a determinados retrasos relacionados con la obtención de las autorizaciones y licencias autonómicas y locales necesarias antes del inicio de los trabajos.

Por todo lo anterior, vistos el artículo 49 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pública y del Procedimiento Administrativo Común; la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de Hidrocarburos; y la Resolución de la Dirección General de y Minas de 21 de junio de 2010, esta Dirección General de Política Energética y Minas ha resuelto:

Prorrogar el plazo establecido para la construcción y puesta en servicio de las instalaciones autorizadas hasta el 1 de junio de 2012, con arreglo a las siguientes condiciones particulares:

Primera.

La Resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas de 21 de junio de 2010 continuará vigente en sus mismos términos y condiciones, salvo lo indicado en el párrafo anterior.

Segunda.

Esta resolución se produce sin perjuicio e independientemente de las autorizaciones, licencias o permisos de competencia municipal, autonómica o de otros organismos o entidades necesarias para la ejecución del proyecto, o en relación, en su caso, con sus instalaciones auxiliares y complementarias.

De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 107 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en el artículo 14.7 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, puede interponerse recurso de alzada ante el Secretario de Estado de Energía en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de su notificación.

Madrid, 15 de diciembre de 2011.–El Director General de Política Energética y Minas. P.S. (Resolución de 31 de octubre de 2011), el Subdirector General de Hidrocarburos, Sergio López Pérez.